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Los que regulen las relaciones entre los operadores y los usuarios finales cuando se trate de servicios de comunicaciones electrónicas que tengan la consideración de obligación de servicio público.
Principalmente se refiere al contrato relativo al Servicio Universal de telecomunicaciones.
En la aprobación de este tipo de contratos se precisan los informes de las siguientes entidades:
- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- La Agencia Española de Protección de Datos
- El Instituto Nacional del Consumo
- El Consejo de Consumidores y Usuarios